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robertolanzalobo · 2 years

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Triple Sello

Comercio justo y certificaciones sobre la producción de azúcar en Bolivia

Documental video y fotografía por Roberto Lanza Lobo

Comisión para CNV Latinoamérica

¿Cuál es realmente el “precio justo” cuando hablamos de azúcar?

Hace poco más de un año, una unión sindical internacional me pidió un reportaje sobre la situación laboral de los “Zafreros” nombre con el que se denomina a los obreros que cosechan la caña de azúcar. No podía estar más complacido, se trataba una comisión de salida internacional, pero también porque hasta entonces, elegir el azúcar que comprar en el supermercado me había generado dudas, más morales que cualitativas, causando una rutinaria y meditativa pausa frente al mostrador para leer y verificar, o tratar de entender la legitimidad de los sellos de “comercio justo” en su empaque.

Otra institución europea se pliega a la solicitud de producción de material audiovisual para una campaña holandesa que busca convertir en ley la obligatoriedad de estos certificados en toda azúcar que se comercializa en Holanda, lo que no podría ser más oportuno, podría además de recibir trabajo, despejar mis dudas sobre si verificar estos sellos en los empaques de azúcar que compraba, realmente significaba algo para los obreros y mi propia conciencia.

¿Qué son estos sellos entonces?

En mi ingenua procura de consumo consciente, buscaba al menos tres de estos sellos o certificaciones ya que años antes había realizado una entrevista a pequeños productores de la Amazonía boliviana que me había ayudado a comprender la necesidad de estos certificados para la comercialización internacional del cacao, almendras, cupuazú o cualquier otro producto de recolección que implicara mano de obra y fuerza laboral humana ya que este tipo de productos suele implicar 1. Explotación o trabajo forzado (que se resume en prácticas esclavistas) 2. Trabajo infantil y 3. Distribución desigual de las utilidades derivadas de las variaciones de precio y mercado, lo que sería “comercio In-justo”.

Cuando realizando estos documentales, uno mira de cerca y de frente la pobreza y el esfuerzo de estas familias para ganar unos centavos por trabajos extremadamente duros y riesgosos, esta toma de consciencia de consumo se vuelve un deber. Uno debe estar seguro de que aquello por lo que paga, no está aportando a que intermediarios o productores que explotan esa pobreza se enriquezcan a costa de esclavitud, trabajo infantil o a través de precios inflados y especulativos como “ha subido el precio de la materia prima” y que no benefician de ningún modo a esas familias que cosechan esas materias primas. El “comercio justo” es precisamente eso, que los aumentos de precio, variaciones positivas en el mercado, el crecimiento de los beneficios y ganancias, alcancen a esas familias obreras y no sean absorbidos en su totalidad por los intermediarios. Entonces uno debería al menos esperar, envase reciclable, sin trabajo infantil, sin esclavitud y dinero que les llega a esas familias a las que había podido conocer de cerca.

Pero… ¿es real? Y ahí es cuando esa pausa frente al mostrador de los azúcares parecía la escena imaginaria de una compleja ecuación matemática de numeritos y símbolos dando vueltas alrededor de mi cabeza.

¿Quién otorga estos certificados? ¿cómo los verifican? ¿es real? Así que la comisión documental de la zafra no podría haber sido más oportuna e ilustrativa.

Haciendo este reportaje descubrí muchos aspectos que definen y revelan cosas tan complejas como la estructura social y económica de los llanos tropicales bolivianos, pero en lo específico y concreto hay dos aspectos que son determinantes en cuanto al comercio justo del azúcar (en términos generales).

Por un lado la industrialización y la reducción de oportunidades para las familias que cosechan la caña de azúcar, es decir, la mecanización que remplaza a las personas generando una pobre demanda de mano de obra, consecuentemente una alta oferta de fuerza laboral a bajos precios, es decir, mucha gente que aceptará hacer el trabajo por menos dinero, generando explotación, desplazamientos socio económicos hacia una economía informal y marginal en los pequeños mercados de las poblaciones provinciales y las cuidades capitales del departamento. Por otra parte los vacíos legales y prácticos en la cadena de producción que impiden la verificación de la certificación más allá del predio de los ingenios azucareros y, ya que la demanda de caña es tan grande, abre las posibilidades a otros, medianos y grandes productores/proveedores de caña, que con escaza maquinaria, aprovecharán la mano de obra barata para obtener el mayor beneficio sin necesidad de optar por certificaciones o controles incómodos como los que pasan los ingenios azucareros y, ahí es donde aparecen explotación, trabajo infantil y comercio in-justo.

Del supermarcado hacia el cañaveral, las cosas suceden así.

El precio del azúcar lo define el mercado internacional de acuerdo a los estimados de producción global y su stock. Dirán los grandes distribuidores cuánta azúcar, alcohol y etanol (derivados de la caña de azúcar) van a comprar este año, por tanto, los ingenios azucareros dirán cuánto pagarán por tonelada de caña y los sindicatos de zafreros, con intermediación de gobierno intentarán negociar ese precio. Al final se define entre los tres, un máximo y un mínimo anual en el precio de la tonelada de caña cortada que va variar entre 3 y 4 dólares por tonelada de caña cortada en el campo. Sin embargo, la realidad es que esos productores independientes de caña de azúcar, aprovechando ese bache en la aplicación de la certificación que se hace sobre el ingenio azucarero y no sobre ellos y la alta oferta de mano de obra, pagarán 2 dólares por tonelada de caña cortada (la mitad), lo que empuja a los obreros a introducir a toda la familia, niños desde los 11 años de edad que trabajan en la zafra para mejorar el rendimiento familiar en la temporada, además de la necesidad de tener que vivir en el campamento de trabajo y no poder tener a los hijos en el pueblo sin nadie que los atienda, lo que implica la inasistencia de los niños a la escuela, lo que perpetua su condición obrera, de pobreza y explotación en los campos de caña.

De los campos de caña al supermercado, al menos en Bolivia, las cosas suceden así. La gran mayoría de los obreros de la zafra son recolectados si, recolectados, podríamos decir reclutados, pero en la mayoría de los casos no implica una convocatoria ni una negociación de precio u oferta de ciertas condiciones laborales, lo que sería mucho más noble de lo que en realidad sucede, pero no es verdad. La realidad es que los recolectores recorren en camiones por poblaciones guaraníes al sur este del país, etnia que histórica y culturalmente se caracteriza por ser de cazadores, pescadores y recolectores de frutos, no así de agricultores, además de haber sido desplazados por las migraciones criollas, andinas y europeas hacia tierras no cultivables, lo que hace una oportunidad perfecta para los recolectores de mano de obra, entre la necesidad, la precariedad de sus vidas y la ausencia de oportunidades. Se les ofrece trabajar en la zafra, se les impone un precio y se los sube a un camión que los llevará a Montero en Santa Cruz de la Sierra a 400 o más kilómetros de sus hogares, allá podrán acampar en precarias carpas de ramas y plástico en el campo de trabajo, sin acceso a agua potable, baños, cocina ni electricidad o alojarse temporalmente en el galpón del sindicato de obreros zafreros, lo que no conviene porque es muy lejos de los campos de caña. Una vez allá, los recolectores (de gente) negociarán con los cañeros (el dueño de la tierra y la caña cultivada) un precio por hombre joven, hombre mayor, mujer o niño. Ese precio incidirá directamente en lo que el cañero les pagará por tonelada de caña cortada, aproximadamente 2 dólares, que es la mitad de lo pactado entre sindicato, ingenios azucareros y gobierno. Por supuesto, estos recolectores de mano de obra negarán que se hace esa clasificación o que están recolectando jóvenes que no han entendido con propiedad a dónde van, o las condiciones de trabajo, ya que estos jóvenes indígenas, muchas veces menores de edad que apenas comprenden el español.

En los campos de caña se les entregan machetes (no siempre y muchas veces tienen que tener sus propias herramientas) barriles de agua donde no hay agua corriente o pozo y unas lonas plásticas para que construyan el campamento donde vivirán hasta 6 meses. Hombres y mujeres trabajan por igual junto a los los niños, que están entrenados para correr y esconderse en los cañaverales cada vez que un vehículo extraño se acerca, para evitar los controles que hacía UNICEF hace varios años cuando se visibilizó el problema del trabajo infantil en la zafra; ahora se confía en que las agencias de certificación hacen ese trabajo pero que en realidad se reduce a pedir al ingenio azucarero que hagan una declaración y probablemente alguna visita ocasional a los campos de caña propiedad de los proveedores. Tendrían que recibir botas, guantes, sombreros y otros implementos de seguridad, botiquines y sueros para las picaduras de víboras, pero se consideran trabajo a destajo y al no haber vinculación laboral contractual, los dueños de la caña no se hacen cargo de nada de eso, además del calor trabajando a pleno sol con temperaturas sobre los 40˚C que hace insoportables las botas o cualquier otro implemento. Los zafreros a modo de protegerse de las serpientes y otros insectos ponzoñosos o del mismo filo de la hoja de caña, han optado por quemar la maleza y la caña misma, lo que contamina muchísimo (son miles de hectáreas que se queman cada año) pero les facilita el trabajo y los protege de cortes y picaduras venenosas, muy conveniente para el productor de caña que no tendrá que hacerse cargo de ninguna de esas necesidades ni justificar o responder por las quemas y la contaminación a gran escala.

Muchos zafreros son hijos y nietos de zafreros que llegaron de occidente del país reclutados de forma obligatoria para luchar en la guerra del chaco, conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay (1933-1935), que al concluir fueron abandonados en el campo de batalla. Algunos lograron volver a sus tierras de origen en el altiplano boliviano, pero aquellos con menos perspectivas y que no pertenecían a las poblaciones mineras se quedaron en los llanos a trabajar en incipientes plantaciones de caña que existían desde la colonia. Poco más de 20 años después, en 1956, se creó el ingenio azucarero de Guabirá y se dio un crecimiento significativo a la industria azucarera boliviana y esa gente que se quedó luego de la guerra, trajo a su gente, que fuera de la temporada de zafra se convertirían en la mano de obra que construyó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, una ciudad relativamente joven, hoy en día con uno de los mayores crecimientos económicos de América del Sur gracias a la agroindustria.

Esas generaciones de obreros, lograron a lo largo del tiempo, construir un sindicato de fuerza significativa que pudo mejorar las condiciones laborales y las prestaciones que los ingenios azucareros y el gobierno boliviano otorgaron a esta población obrera, como escuelas y facilidades de vivienda en las regiones cañeras para que estas familias se lograran establecer allí y no vivir permanentemente en esos precarios campamentos o tener que ir y venir de sus lugares de origen en los Andes, sin embargo la situación persiste pese a que muchos de los nuevos trabajadores de la zafra son originarios de la región, les resulta imposible trasladarse de los poblados a los campos de caña diariamente y porque muchos de ellos siguen siendo llevados desde otras regiones del país como es el caso de los guaranís.

Entre esos logros están la protección de la niñez, de las mujeres, la maternidad y la provisión de herramientas y equipo de protección; sin embargo, la pérdida de esa fuerza sindical por la reducción de esa población a causa de la mecanización, ha hecho que el sindicato se haya reducido a un mero observador, del que se rescata su reciente apertura a que las mujeres jóvenes tomen cargos dirigenciales, el mantenimiento de una sede sindical que funciona como refugio y alojamiento temporal para algunos de estos trabajadores traídos de la región Guaraní y una permanente gestión frente a los ingenios azucareros y gobierno representando a los poco más de 10 mil trabajadores (eventuales) zafreros que quedan, que ven cada año bajar otro poco el precio de la tonelada de caña cortada, precio de mercado que no incluye por ejemplo la plusvalía obtenida de la venta de la fibra de caña para la fabricación de papel, así que, la próxima vez que compre papel de caña, puede sentirse bien porque está haciendo consumo consciente ecológico, pero ni un centavo del que está pagando está llegando a los que cortaron la caña de ese papel.

El trabajo en estas condiciones es extremadamente duro y peligroso, el golpe del machete se hace a pocos centímetros de los pies que calzan apenas unas sandalias de goma, los tallos de caña están calientes y queman, lo mismo que la fricción en la empuñadura del machete que es mejor sujetar sin guantes y el machete no escape cortando una pierna.

He aprendido de la zafra muchísimo más de lo que puedo exhibir en esta serie de fotografías. 10 imágenes son definitivamente poco para la cantidad de información obtenida en el rodaje de este documental, pero creo que son de alguna manera lo más representativo e impactante para una reflexión sobre lo que pagamos por el azúcar (poco), y el precio del azúcar para los trabajadores zafreros.

Pero si resolviéramos pagar más por kilogramo de azúcar ¿esos pesos extra llegarían a estas familias? Aunque la respuesta es simple, queda la incógnita en la veracidad de los sellos de certificación “Libre de trabajo infantil” “Libre de trabajo forzoso” “libre de discriminación” “comercio justo” “menor impacto ecológico” ¿?.

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